Transcribimos la nota de prensa que desde la Federación como portavoz de la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en Toledo, hemos hecho llegar a los medios de comunicación.

🏠 La vivienda no es un negocio: respuesta al Plan Acción Vivienda del Presidente de la Junta de Comunidades, Sr. García-Page
El “Plan Acción Vivienda” anunciado por el presidente de Castilla-La Mancha no garantiza el derecho a la vivienda: lo pone al servicio del negocio inmobiliario y bancario.
Por Plataforma por el derecho a una vivienda diga en Toledo
El presidente García-Page presentó durante el debate del estado de la región su nuevo Plan Acción Vivienda, un conjunto de medidas que —según él— servirán para mejorar el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha. Pero, al analizarlo con calma, queda claro que no es un plan para garantizar derechos, sino un programa para alimentar el negocio de promotores, bancos y constructores.
800 viviendas: una miseria
El plan arranca con un anuncio llamativo: construir 800 viviendas “asequibles” en toda la región con una inversión de 45 millones de euros.
La cifra es ridícula. Solo en Toledo hay más de 3.000 personas inscritas en el registro de demandantes.
Las ayudas públicas pueden llegar hasta 65.000 euros por vivienda, destinadas a familias con ingresos de hasta 4,5 o 7,5 veces el IPREM, es decir, entre 2.700 y 4.500 euros al mes. No parece precisamente un plan para las familias con más dificultades.
Mientras tanto, las 124 viviendas de la calle Fresnedoso, en el barrio del Polígono, tendrán un alquiler “asequible” de 646 euros mensuales, más comunidad e IBI.
La empresa promotora invertirá 12,7 millones, pero recibirá más de seis millones de subvención pública y una cesión de suelo por 75 años.
Negocio redondo: beneficio privado con dinero público.
Dinero para la banca
Otro de los “pilares” del plan son los préstamos a tipo 0 para jóvenes y familias con hijos, destinados a cubrir el 20% de la entrada de la primera vivienda.
En la práctica, es una subvención encubierta a la banca y a la compra, no una apuesta por el alquiler social.
Lo peor es la filosofía que lo inspira. García-Page afirmó textualmente:
“La vivienda es un derecho, pero también un bien de consumo.”
Y añadió:
“La Junta renunció a ser casera.”
Con esta frase, el presidente renuncia a la función pública de garantizar el derecho a la vivienda. Si el Estado no construye ni gestiona vivienda social, el artículo 47 de la Constitución se convierte en papel mojado.
Más negocio para los de siempre
El plan también propone firmar acuerdos con bancos para ofrecer hipotecas “en condiciones ventajosas”.
Nada nuevo: más negocio para los de siempre.
Además, el nuevo registro de demandantes de vivienda podría servir para elevar los límites de ingresos y excluir a las familias con menos recursos.
Page ya ha dicho que no construirá vivienda social, solo “asequible”, es decir: cara para quien más lo necesita.
El suelo, el nuevo filón
Varias medidas facilitan el cambio de uso del suelo dotacional a residencial, la reclasificación de suelo rústico y la reducción de controles urbanísticos.
Todo ello, en nombre de “aumentar la oferta”.
Pero todos sabemos lo que eso significa: aumentar el valor del suelo y abrir nuevas puertas a la especulación.
El suelo debería ser un bien público, no una fuente de enriquecimiento para unos pocos.
Una excepción y muchas trampas
Solo una de las diez medidas parece sensata: la ayuda técnica a pequeños municipios para redactar sus planes urbanísticos.
Una buena idea, aunque insuficiente para compensar un plan hecho a la medida del mercado.
Mientras tanto, se anuncian rebajas fiscales para la compra de vivienda (bajando el ITP y el AJD).
Eso supone menos ingresos públicos y más privilegios para quienes ya pueden comprar, en vez de invertir en alquiler social y vivienda pública.
La realidad que se oculta
Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), en Castilla-La Mancha:
- El 8,6% de la población sufre carencia material y social severa.
- El 21,4% no puede mantener su vivienda a temperatura adecuada.
- El 37,3% no puede afrontar gastos imprevistos.
- El 11,1% tiene retrasos en pagos de alquiler o hipoteca.
- El 5,1% no puede permitirse carne o pescado al menos cada dos días.
Esa es la realidad de miles de familias. No la del plan de Page, sino la de la vida cotidiana, la de quienes viven pendientes del recibo de la luz o del aviso de desahucio.
La vivienda: primer escudo social
La vivienda debe ser el primer escudo social, no el primer negocio.
Sin vivienda digna no hay igualdad, ni libertad, ni futuro.
Los poderes públicos deben intervenir el mercado, no someterse a él:
- Topar los precios del alquiler.
- Movilizar las viviendas vacías de los grandes tenedores.
- Impedir desahucios sin alternativa habitacional.
- Recuperar la promoción pública directa.
No necesitamos que la Junta sea “penosa como casera”. Necesitamos que vuelva a ser garante del derecho a una vivienda digna.
🟥 “La vivienda no es un bien de consumo. Es un derecho humano.”
Artículo 47 de la Constitución Española:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.”
FEDERACION LOCAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE TOLEDO «EL CIUDADANO»/PLATAFORMA POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA EN TOLEDO